El ataque dejó a otras seis personas heridas, tres de ellas en estado crítico. Los dos agresores, residentes palestinos de Jerusalén Este, fueron neutralizados en el lugar por dos soldados fuera de servicio y un civil armado, detalló la Policía.

La mujer de 24 años murió en el sitio del ataque, mientras que las otras dos víctimas perdieron la vida en el hospital Shaare Tzedek, donde trasladaron a los heridos de mayor gravedad. Los dotros heridos fueron llevados al Hadassah Ein Kerem.

Armas y municiones

El ataque se llevó a cabo utilizando una pistola y un rifle M-16 y en el vehículo de los agresores se encontraron múltiples cartuchos y municiones.

Un portavoz policial indicó que iniciaron una investigación preliminar bajo el mando del comisario de Jerusalén, Doron Turgeman, y del jefe de la Policía de Israel, Yaakov Shabtai, quienes visitaron el lugar del incidente.

Este evento ocurre en un contexto de amplia tensión en Cisjordania y Jerusalén, coincidiendo con la guerra en Gaza. Este jueves se acordó una extensión de la tregua por séptimo día en Gaza, luego de un mes y medio de intensos combates y bombardeos.

A casi dos meses de la guerra

Desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre, Israel ha intensificado sus redadas para detener “sospechosos de terrorismo” en Cisjordania, con un saldo de al menos 247 palestinos muertos en enfrentamientos con soldados israelíes, incluidos 9 asesinados por colonos.

La Sociedad de Presos Palestinos reportó que Israel ha detenido a más de 3.200 palestinos en Cisjordania, mientras que las tropas israelíes reducen esa cifra a unos 1.800, de acuerdo con reportes de la agencia de noticias EFE.

La situación en Cisjordania es la más violenta desde la Segunda Intifada (2000-05), con 455 palestinos muertos en lo que va del año, incluyendo milicianos, atacantes y civiles, entre ellos más de un centenar de menores.

La misma mañana del jueves 30 de noviembre, un joven palestino de 21 años de edad murió en enfrentamientos con tropas israelíes en Beitunia, Cisjordania, cerca de Ramala. En la misma región, han surgido nuevos grupos armados palestinos que han llevado a cabo ataques, resultando en 40 muertes del lado israelí, incluyendo colonos y 7 uniformados.

Nayib Bukele se jacta de “logros en seguridad”

El Salvador celebró este martes que el Gobierno de Dina Boluarte haya eliminado el requisito de visa para sus connacionales que deseen ingresar como turistas al país sudamericano.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano se “congratuló” por la exoneración de esta condición migratoria ante “los destacados logros en materia de seguridad,alcanzados” por Bukele, “y las buenas relaciones diplomáticas”.

“La medida, que trae mutuos beneficios, permitirá fortalecer el turismo, la inversión, el comercio, la economía y la cultura. El Salvador reitera su compromiso de brindar la reciprocidad, a fin de continuar avanzando en una agenda conjunta a favor de las poblaciones salvadoreña y peruana”, continuó.

De acuerdo con un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, la disposición fue tomada porque, a la fecha, “el ingreso de ciudadanos salvadoreños no representa un riesgo a la seguridad interna ante la reducción de la tasa delictiva que ha experimentado dicho país”.

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La ley, que lleva la firma de Boluarte y el canciller peruano Javier González Olaechea, establece además que el plazo máximo de estadía es de hasta 183 días, sea como visita continua o visitas consecutivas, durante el plazo de un año.

Comunicado de Cancillería de El Salvador

A inicios de noviembre, Bukele difundió una encuesta en la que Perú figuraba en el primer escaño de países latinoamericanos con mayor percepción de criminalidad (86%) junto con Ecuador, frente al mínimo porcentaje que registraba El Salvador (3%), donde rige un régimen de excepción desde 2022, tras una escalada de homicidios atribuidos a las pandillas.

“No es cierto que los problemas de nuestros países no tienen solución”, anotó entonces al compartir el sondeo realizado por la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo (CID Gallup), que entrevistó a ciudadanos de 13 países de la región.

La nación centroamericana registró en 2015 el año más violento de su historia reciente y en 2016 comenzó a disminuir la cifra de asesinatos, tendencia que se acentuó durante la administración de Bukele, quien ha señalado que su país registra una tasa de 1,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, “la más baja de toda América”.

Según su mirada, esta reducción se debe a un régimen de excepción, que ha dejado más de 62.900 detenidos y ha suspendido derechos constitucionales, una medida cuestionada por organizaciones, pero aplaudida por muchos salvadoreños.

«Venezuela entera, por consenso, exige que se levanten de manera permanente y definitiva todas las sanciones contra su economía, y que iniciemos un nuevo tiempo, una nueva era de relaciones de respeto y de colaboración, al máximo nivel, entre Estados Unidos y Venezuela», dijo Maduro, durante un acto con representantes del sector económico en Caracas.

El líder chavista dirigió este mensaje concretamente a Biden, para luego asegurar que existe un «poderoso consenso» en el país en torno a la idea de restablecer el vínculo diplomático.

«Estamos preparados, estamos listos, lo queremos, y es el consenso de todos los sectores políticos, religiosos, económicos, culturales, sociales de Venezuela», insistió.

Una decisión que se espera ponga fin a una crisis nacional y abra un frente de arbitrajes internacionales por parte de la concesionaria.

La empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).

Por “unanimidad”, el pleno de nueve magistrados encabezado por la presidenta María Eugenia López Arias declaró la inconstitucionalidad en respuesta a dos recursos presentados contra la Ley 406.

Aprobada el pasado 20 de octubre por el Parlamento unicameral y el Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo, y que contiene el contrato.

“Los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 del 20 de octubre de 2023.

Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país”, declaró la presidenta.

Conmemoración y consecuencias

López Arias indicó que una vez quede “ejecutoriada la sentencia”, se procederá “a emitirla para su publicación en la Gaceta Oficial”.

“Aprovechamos la oportunidad para enviarle un mensaje de felicitación a los panameños, con ocasión de conmemorarse hoy 200 años de independencia, que Dios bendiga a Panamá”, cerró la magistrada en referencia a la celebración este 28 de noviembre de los 202 años de la declaración de independencia de Panamá de España.

Consecuencias del fallo

La Ley 406 regula la explotación de la mina Cobre Panamá, una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares, según la empresa, que exporta mineral sobre todo al mercado chino y fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano causando daños irreparables al ecosistema, según los grupos ambientalistas que tienen años luchando contra el enclave.

Con este fallo, el contrato “deja de existir”, habían adelantado a EFE ante esta posibilidad la ex fiscal general panameña Ana Matilde Gómez y el experto constitucionalista Ernesto Cedeño, y en consecuencia el Ejecutivo tendrá, en el corto plazo, que ordenar el cese de operaciones de la mina, que no es lo mismo que su cierre, un proceso que tomará años de acuerdo con los expertos.

El presidente acatará el fallo

El presidente panameño reaccionó al fallo del máximo órgano judicial subrayando que acatará la orden.

“Como presidente de la República, siempre respetuoso de la separación de los poderes del Estado y de nuestra Constitución, recibo y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia, expresada en su fallo de hoy, sobre la Ley 406 del contrato minero”, afirmó Cortizo en un breve comunicado.

“Reitero al país mi total convicción sobre el valor de la justicia, como columna vertebral de la democracia”, concluyó el presidente.

Muy criticado por la celeridad con la que fue aprobada esta ley, en apenas tres días.

Recurso Legal tras anuncio de la Corte Suprema

Minera Panamá ya avisó de su intención de presentar dos demandas contra Panamá ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá.

Según informó el pasado 26 de noviembre el Gobierno panameño, que dijo estar listo para defender al Estado.

La compañía minera respondió anoche al comunicado del Gobierno panameño:

Asegurando que el objetivo de la notificación era “meramente cumplir con las formalidades” con el propósito “de abrir entre las partes un período de diálogo de al menos 90 días”.

Esperanzas de estabilidad

Se espera que esta decisión ponga fin a la crisis desatada por la aprobación exprés del contrato ley por parte del Parlamento y el Gobierno, que ha dejado cuatro muertos, un paro docente que dejó sin clases en el último mes a cerca de 800.000 estudiantes, y un descalabro económico por los bloqueos de vías liderados por grupos indígenas y sindicatos.

El rechazo al contrato minero generó asimismo las mayores protestas pacíficas en décadas en Panamá, lideradas por los jóvenes, que fueron malogradas por “infiltrados” que causaron desórdenes y una respuesta de la policía que fue tildada de excesiva por la Defensoría del Pueblo.

Este instrumento es el acuerdo más amplio y moderno que el país haya negociado y se convierte en una realidad tras la firme decisión del Gobierno Nacional de reanudar las rondas de negociaciones con Corea del Sur, luego de seis años de haber estado paralizadas. El acuerdo avanzó de manera sustancial en menos de un año, tiempo en el que se pasó de un avance del 5 % al 100 % y que hoy se concluye oficialmente con su prefirma.

En febrero de 2022, ambas naciones firmaron la Declaración Conjunta para continuar con las negociaciones. En marzo, los jefes negociadores establecieron los términos de referencia. A lo largo de ese año, se realizaron tres rondas más.

En 2023, reuniones intersesionales marcaron la agenda de negociación en enero y febrero. Del 03 al 07 de abril, se llevó a cabo la novena ronda en Seúl, liderada por el Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Daniel Legarda, en la que se concluyó técnicamente el SECA Ecuador-Corea. De mayo a septiembre, se sostuvieron diálogos para presentar oficialmente la oferta y, en septiembre, se culminó el proceso de revisión del texto en inglés. Y, en agosto, se anunció la prefirma para este 11 de octubre, en Corea.

El acuerdo comercial bilateral representa un paso histórico en la consolidación de relaciones entre ambos países y busca impulsar el comercio, la inversión y la cooperación en diversas áreas. Abarca un amplio rango de disciplinas desde bienes a servicios.

Además, establece un marco general que permite profundizar las relaciones comerciales, fortalecer los lazos de cooperación, con énfasis en la industria, cultura, mipymes, así como crea un marco jurídico estable para la creación de nuevos negocios.

Esta nueva agenda comercial logrará que el 98 % de la oferta exportable actual como camarón, cacao, banano, pesca, lácteos entre otros ingresen a la doceava potencia económica mundial. Además, permitirá que nuevos productos como pitahaya, mango, piña entren al mercado de 51 millones de consumidores.

Para proceder a la firma del SECA, Corea necesita efectuar esta prefirma, que sirve como un mecanismo de aseguramiento de la integridad y la fidelidad del texto acordado, preparándolo para los subsiguientes procesos de validación y ratificación en cada nación participante. Este es un paso requerido por la normativa coreana. Los ministros de comercio de ambas naciones serán quienes suscriban el instrumento.

Esto después de que, durante la primera vuelta, a 11 días de las votaciones, fuese asesinado en Quito el candidato presidencial del movimiento Construye, Fernando Villavicencio.

Según el Primer Mandatario, la democracia del país saldrá fortalecida después de las votaciones del 15 de octubre, en las que el país decidirá quién será su reemplazo en Carondelet, hasta mayo de 2025.

Los juegos le han ofrecido a Bukele, el líder de 41 años, la oportunidad de mostrar un El Salvador más seguro en el evento internacional, a pesar de los señalamientos de violaciones a los derechos humanos.

SAN SALVADOR, El Salvador – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se paró ante miles de fanáticos de los deportes con un mensaje: no soy un dictador.

“Dicen que vivimos en una dictadura”, dijo Bukele, pero “pregúntenle a los pasajeros de autobuses, a la gente que come en los restaurantes, a los meseros. Pregúntale a quien quieras. Aquí en El Salvador, puedes ir a cualquier parte y es totalmente seguro. … Pregúnteles qué piensan de El Salvador, qué piensan de nuestro gobierno, qué piensan de nuestra supuesta dictadura”.

En las ceremonias de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023, el comentario fue recibido con un estallido de aplausos y, en algunas franjas del estadio remodelado, cánticos de “¡Reelección!”

Los juegos le han ofrecido a Bukele, el líder de 41 años, la oportunidad de mostrar un El Salvador más seguro en el evento internacional más grande desde que entró su gobierno. Pero la competencia también surge cuando Bukele es acusado de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por esa misma represión y cuando su gobierno toma medidas que erosionan la democracia del país.

Los observadores temen que los eventos, incluidos los juegos, que atraen a atletas de 35 países de la región, le permitan a Bukele salvar las apariencias a nivel internacional y mostrar a los votantes que cuenta con el apoyo mundial en su búsqueda de la reelección a pesar de una prohibición constitucional por períodos de más de cinco años.

Conocido a menudo como “lavado deportivo” (el uso de los deportes para desviar la atención de la controversia y mejorar la reputación en medio de irregularidades), la táctica ha sido empleada por gobiernos autocráticos de todo el mundo durante décadas. La acusación se lanzó recientemente contra el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, por su inversión en golf, la Copa Mundial y otros eventos deportivos internacionales.

“Estos son hechos que le dan oxígeno al gobierno para distraer la atención de los enormes problemas que tenemos y mostrarle al mundo un rostro de modernidad”, indicó Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, un grupo independiente de vigilancia política en El Salvador.

Hace poco más de un año, Bukele anunció que la nación entraría en estado de emergencia, una medida que suspende los derechos constitucionales en un esfuerzo por enfrentar la creciente violencia de las pandillas.

Desde entonces, el gobierno ha detenido a 70,000 personas, aproximadamente uno de cada cien salvadoreños, encarcelándolos con poco acceso al debido proceso. El gobierno los ha etiquetado como pandilleros, aunque solo el 30% tiene vínculos claros con pandillas, según estimaciones del grupo de derechos humanos Cristosal.

Los movimientos han sido recibidos con una avalancha de críticas internacionales, incluso por parte de la administración Biden.

Simultáneamente, el crimen en El Salvador ha caído a mínimos históricos y la aprobación de Bukele se ha disparado, manteniéndose fuerte en 90% en junio, según una encuesta de CID Gallup. El bukeleísmo ha ganado terreno desde Colombia hasta Guatemala y República Dominicana, ya que los políticos buscan imitarlo y sacar provecho de su popularidad.

LE PIDEN AUTÓGRAFOS

Después del discurso de apertura de Bukele, Sel Ramírez se paró afuera del estadio con una multitud esperando la salida del líder, una escena similar a las de los conciertos de Taylor Swift. Sin embargo, a unos pasos se sientan soldados fuertemente armados y vehículos blindados negros con ametralladoras en la parte superior.

“Me pregunto si me dará su autógrafo”, reflexionó Ramírez, con los ojos pegados a la puerta por la que luego partiría el presidente.

El régimen de excepción en El Salvador alcanzó su primer aniversario el lunes. A pesar de que el decreto ha reducido significativamente la violencia en el país, organizaciones han denunciado violaciones a los derechos humanos.

Mientras la multitud esperaba, el ministro de Defensa, René Merino, salió entre vítores. “El Salvador es un país en paz”, dijo a The Associated Press. “Estamos abiertos al mundo”. Cuando AP le preguntó acerca de los encarcelados, respondió “no” y se alejó.

Antes de los juegos, el gobierno de Bukele recortó el 70% de los cargos de elección pública, reduciendo el número de escaños en el Congreso y en los gobiernos locales. Bukele dijo que los recortes mejorarían la eficiencia y acabarían con la corrupción, las mismas razones dadas para desmantelar los tribunales de El Salvador en 2021.

SE ACERCAN LAS ELECCIONES Y AUMENTA LA REPRESIÓN, SEGÚN ACTIVISTA

Sindicatos, grupos de derechos humanos, políticos de oposición, investigadores y periodistas han dicho que a medida que se calienta el ciclo electoral, el gobierno de Bukele ha intensificado las tácticas de intimidación. Un sindicato de trabajadores del gobierno dice que al menos 15 organizadores han sido detenidos, acusados de desorden público y vínculos con pandillas. Alrededor de la mitad siguen encarcelados, según el sindicato.

“El temor que tenemos es que seamos los próximos que arreste a pesar de nunca haber infringido la ley”, dijo la activista y líder sindical Ingrid Escobar. “Y por ninguna otra razón que no sea que estamos denunciando al gobierno, de ser la voz de las personas que tienen demasiado miedo para hablar”.

Bukele ha dicho que abrirá una nueva prisión “para los corruptos”, una etiqueta que suele usar para sus opositores. A Escobar le preocupa que eso pueda significar ella, al tiempo que afirmó haber recibido amenazas de muerte en las redes sociales. Ahora usa diferentes vehículos, toma diferentes rutas para ir al trabajo. Teme por sus hijos y trata de protegerlos.

Las elecciones presidenciales están pautadas para el 4 de febrero de 2024.