Los juegos le han ofrecido a Bukele, el líder de 41 años, la oportunidad de mostrar un El Salvador más seguro en el evento internacional, a pesar de los señalamientos de violaciones a los derechos humanos.
SAN SALVADOR, El Salvador – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se paró ante miles de fanáticos de los deportes con un mensaje: no soy un dictador.
“Dicen que vivimos en una dictadura”, dijo Bukele, pero “pregúntenle a los pasajeros de autobuses, a la gente que come en los restaurantes, a los meseros. Pregúntale a quien quieras. Aquí en El Salvador, puedes ir a cualquier parte y es totalmente seguro. … Pregúnteles qué piensan de El Salvador, qué piensan de nuestro gobierno, qué piensan de nuestra supuesta dictadura”.
En las ceremonias de apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023, el comentario fue recibido con un estallido de aplausos y, en algunas franjas del estadio remodelado, cánticos de “¡Reelección!”
Los juegos le han ofrecido a Bukele, el líder de 41 años, la oportunidad de mostrar un El Salvador más seguro en el evento internacional más grande desde que entró su gobierno. Pero la competencia también surge cuando Bukele es acusado de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por esa misma represión y cuando su gobierno toma medidas que erosionan la democracia del país.
Los observadores temen que los eventos, incluidos los juegos, que atraen a atletas de 35 países de la región, le permitan a Bukele salvar las apariencias a nivel internacional y mostrar a los votantes que cuenta con el apoyo mundial en su búsqueda de la reelección a pesar de una prohibición constitucional por períodos de más de cinco años.
Conocido a menudo como “lavado deportivo” (el uso de los deportes para desviar la atención de la controversia y mejorar la reputación en medio de irregularidades), la táctica ha sido empleada por gobiernos autocráticos de todo el mundo durante décadas. La acusación se lanzó recientemente contra el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, por su inversión en golf, la Copa Mundial y otros eventos deportivos internacionales.
“Estos son hechos que le dan oxígeno al gobierno para distraer la atención de los enormes problemas que tenemos y mostrarle al mundo un rostro de modernidad”, indicó Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, un grupo independiente de vigilancia política en El Salvador.
Hace poco más de un año, Bukele anunció que la nación entraría en estado de emergencia, una medida que suspende los derechos constitucionales en un esfuerzo por enfrentar la creciente violencia de las pandillas.
Desde entonces, el gobierno ha detenido a 70,000 personas, aproximadamente uno de cada cien salvadoreños, encarcelándolos con poco acceso al debido proceso. El gobierno los ha etiquetado como pandilleros, aunque solo el 30% tiene vínculos claros con pandillas, según estimaciones del grupo de derechos humanos Cristosal.
Los movimientos han sido recibidos con una avalancha de críticas internacionales, incluso por parte de la administración Biden.
Simultáneamente, el crimen en El Salvador ha caído a mínimos históricos y la aprobación de Bukele se ha disparado, manteniéndose fuerte en 90% en junio, según una encuesta de CID Gallup. El bukeleísmo ha ganado terreno desde Colombia hasta Guatemala y República Dominicana, ya que los políticos buscan imitarlo y sacar provecho de su popularidad.
LE PIDEN AUTÓGRAFOS
Después del discurso de apertura de Bukele, Sel Ramírez se paró afuera del estadio con una multitud esperando la salida del líder, una escena similar a las de los conciertos de Taylor Swift. Sin embargo, a unos pasos se sientan soldados fuertemente armados y vehículos blindados negros con ametralladoras en la parte superior.
“Me pregunto si me dará su autógrafo”, reflexionó Ramírez, con los ojos pegados a la puerta por la que luego partiría el presidente.
El régimen de excepción en El Salvador alcanzó su primer aniversario el lunes. A pesar de que el decreto ha reducido significativamente la violencia en el país, organizaciones han denunciado violaciones a los derechos humanos.
Mientras la multitud esperaba, el ministro de Defensa, René Merino, salió entre vítores. “El Salvador es un país en paz”, dijo a The Associated Press. “Estamos abiertos al mundo”. Cuando AP le preguntó acerca de los encarcelados, respondió “no” y se alejó.
Antes de los juegos, el gobierno de Bukele recortó el 70% de los cargos de elección pública, reduciendo el número de escaños en el Congreso y en los gobiernos locales. Bukele dijo que los recortes mejorarían la eficiencia y acabarían con la corrupción, las mismas razones dadas para desmantelar los tribunales de El Salvador en 2021.
SE ACERCAN LAS ELECCIONES Y AUMENTA LA REPRESIÓN, SEGÚN ACTIVISTA
Sindicatos, grupos de derechos humanos, políticos de oposición, investigadores y periodistas han dicho que a medida que se calienta el ciclo electoral, el gobierno de Bukele ha intensificado las tácticas de intimidación. Un sindicato de trabajadores del gobierno dice que al menos 15 organizadores han sido detenidos, acusados de desorden público y vínculos con pandillas. Alrededor de la mitad siguen encarcelados, según el sindicato.
“El temor que tenemos es que seamos los próximos que arreste a pesar de nunca haber infringido la ley”, dijo la activista y líder sindical Ingrid Escobar. “Y por ninguna otra razón que no sea que estamos denunciando al gobierno, de ser la voz de las personas que tienen demasiado miedo para hablar”.
Bukele ha dicho que abrirá una nueva prisión “para los corruptos”, una etiqueta que suele usar para sus opositores. A Escobar le preocupa que eso pueda significar ella, al tiempo que afirmó haber recibido amenazas de muerte en las redes sociales. Ahora usa diferentes vehículos, toma diferentes rutas para ir al trabajo. Teme por sus hijos y trata de protegerlos.
Las elecciones presidenciales están pautadas para el 4 de febrero de 2024.
